LA PRISIÓN PREVENTIVA EN UN ESTADO DE DERECHO

"Otro demérito de los falsos problemas es el de promover soluciones que son falsas también. A plinio (historia natural, libro octavo) no le basta observar que los dragones atacan en verano a los elefantes: aventura la hipótesis de que lo hacen para beberles toda la sangre que, como nadie ignora, es muy fría" Jorge Luis Borges
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La protección constitucional de la libertad.

Al haber optado nuestro constituyente por la democracia como el régimen político aplicable, se estaba definiendo por un sistema de gobierno que garantiza un pleno respeto al ser humano y le reconoce su dignidad y derechos fundamentales.
En este contexto, el derecho a la libertad, como parte de ese conjunto de derechos y garantías individuales y sociales, tuvo reconocimiento en el preámbulo y ubicado dentro de los primeros artículos del texto constitucional, pudiendo apreciarse de esta forma el grado de reconocimiento que el constituyente le otorgó. La libertad deviene entonces en el bien por excelencia durante la existencia del ser humano.
El concepto va más allá del aspecto ambulatorio, abarca la libertad de pensamiento, de reunión, de expresión, de comercio etc., pero para los efectos del tema me limitare al derecho a la libertad ambulatoria, en relación con el desarrollo del proceso penal.
La protección que el régimen democrático brinda en ese sentido se extiende a cualquier persona, incluyendo por supuesto a todos aquellos que ingresan a la maquinaria del sistema penal en condición de supuestos acusados por un hecho delictivo. El Estado debe garantizarles el reconocimiento absoluto de todos sus derechos y deberes, y brindarles medios de protección para cuando éstos le sean desconocidos.
Debemos reconocer sin embargo, que por desgracia, la realidad nos presenta un cuadro diferente, según el cual, el sujeto sometido a proceso pasa a formar parte de una categoría distinta de ciudadanos, para quienes los derechos fundamentales no tienen vigencia plena.
Como principios fundamentales del reconocimiento al derecho a la libertad, vigentes en nuestro país, encontramos: el preámbulo cuando expresa: “…asegurar los beneficios de la libertad”, el artículo 14, que consagra el derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio, el artículo 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala: "Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales." y el artículo 9. 1 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, que expresa: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal”.
Como garantía fundamental este derecho no ha sido considerado de carácter absoluto e irrestricto, pues se admite que en ciertas circunstancias pueda ser restringido, en salvaguarda de intereses sociales de mayor valor, y por ello, tanto nuestra Carta Magna como la Convención Americana establecen los casos en que puede restringirse el disfrute de la libertad y la forma en que debe hacerse como supuestos de excepción.
El problema de la prisión preventiva se vincula con la tensión existente entre las necesidades del Estado de aplicar el derecho penal y el debido respeto a las libertades y derechos fundamentales de las personas.
Se puede afirmar que se ha desarrollado una “histeria colectiva”, por ese sentimiento de "inseguridad" que han fomentado los medios de comunicación, fenómeno que es altamente peligroso, pues nos conduce por equivocados caminos no sólo en materia de política criminal, sino también en la actitud de la población que ha optado por recurrir a la compra indiscriminada de armas para supuestamente garantizarse la seguridad personal. Al derecho penal y al procesal en su campo, se les encarga, en este contexto, del cumplimiento de una función que no les atañen, el ser garantes de esa seguridad, justificándose el que se proceda a actuar sin ataduras legales, es decir, que al "delincuente" se le "juzgue" y "ejecute" sin las formalidades de la realización de un proceso.
Se evidencia de esta forma que luego del abandono de la doctrina de la seguridad nacional, que en su guerra contra el marxismo justificaba la tortura, las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, se defiende hoy día una guerra contra la delincuencia utilizando métodos similares.
Creo que en un régimen democrático, la delincuencia sólo puede reprimirse a través de los procedimientos establecidos en forma previa, de conformidad con los principios del respeto a la dignidad del ser humano. En este sentido, es indispensable que, si en la etapa procesal instructora, con el objeto de proteger los fines del proceso y mantener vinculado a quien se somete al mismo, se debe restringir su libertad, solamente se pueda tomar tal determinación como última ratio, con las formas y límites que el propio ordenamiento ha establecido, dentro debido proceso.
Las necesidades estatales de aplicación del derecho penal jamás deben sacrificar las libertades y derechos fundamentales de las personas.
Es entonces al derecho procesal penal al que le corresponde establecer el punto de equilibrio, pero para ello debe tener muy claros los lineamientos básicos que le establecen la Constitución y los pactos de Derechos Humanos.
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"El guerrero lleva armadura, el amante flores.Cada uno va equipado de acuerdo a las expectativas de lo que va a ocurrir, y sus equipos aumentan las posibilidades de realización de esas expectativas"Nils Christie
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Lamentablemente se ha respondido al aumento de la delincuencia de una manera bastante represiva, y la principal solución por la que se propugna es el aumento de las penas y la detención permanente de los supuestos infractores desde el inicio del proceso. Es así como el Poder Legislativo aprobó un excesivo aumento de la pena de prisión disponiendo elevar la pena máxima de prisión de veinticinco a cincuenta años, aumentando al mismo tiempo en forma drástica las penas para ilícitos tales como homicidio y violación (“delitos aberrantes”).
El aumento desmedido de las penas no ha podido demostrar su eficacia para disminuir la criminalidad, al contrario, aparte de lesionar también principios fundamentales como el de la dignidad humana, mantiene saturado el sistema penitenciario.

La prisión es la máxima medida cautelar por cuanto se la adopta cuando se han reunido en el proceso serios elementos de juicio que llevan a la convicción suficiente sobre la existencia del hecho y la correlativa culpabilidad del imputado, el que como presupuesto de esta situación ya ha sido indagado y procesado.
En efecto, al dictarse el auto de procesamiento deberá incluirse en él la prisión preventiva del imputado cuando, conforme la prueba reunida, la calificación legal del delito y los antecedentes del reo, la pena que pueda corresponderle en definitiva, a juicio del juez, no podrá beneficiarse con la suspensión de su ejecución, esto es: condena condicional. O, por el contrario, cuando siendo ella posible, resulte claro que se dará a la fuga, o deformará las pruebas.
Si estos extremos se encontraren reunidos en el caso, pero el juez considerase confirmar la libertad provisional (cualquiera de sus formas) que con anterioridad le hubiere concedido, la prisión no preventiva no se dictará.

Lo que ocurre es que siendo la prisión preventiva una medida cautelar personal, con el fin de salvaguardar la efectividad de la pena, y resultando que ella no es necesaria, como ocurre también en los delitos que no tienen fulminada pena privativa de libertad, no hay nada que asegurar.
En los casos en que el juez considere que no va a incluir en el auto de procesamiento la medida cautelar que consideramos, pondrá en libertad al procesado que se encontrare privado de ella, por el sistema de libertad provisional pudiendo, además de la caución, que corresponda, disponer que el liberado no se ausente de determinado lugar, que no concurra a determinado sitio o que se presente a determinada autoridad en las fechas periódicas que se le señalen, incluso se le ordenará abstenerse de determinadas actividades, si por el hecho investigado pudiere corresponder pena de inhabilitación.
Se efectiviza en establecimiento de encierro especiales para procesados, estando prohibido mezclarlos con penados. Además en sus propios establecimientos se los separará por sexo, edad, educación, antecedentes y naturaleza del delito que se les atribuye.
Se someterán todos por igual al régimen carcelario común, sin perjuicio de que, a su cargo y sin alterar el sistema, se provean de mayores comodidades y atención médica además de la oficial. Todos se beneficiarán con visitas íntimas con ajuste a las reglamentaciones.
En tanto que cuando el Código Penal permite la ejecución de pena privativa de libertad de muy corta duración y determinada condición, en domicilio, la prisión preventiva también puede cumplirse en igual forma.
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S.A - Pequeño fragmento del trabajo que realicé sobre Prisión Preventiva, año 2004 -

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Muy interesante el blog.


Un saludo desde España,
Santiago Ferza

Anónimo dijo...

RESULTA INTERESANTE, Y EN FAVOR DE LA EVOLUCION DEL SER HUMANO, CONSIDERAR LAPOSIBILIDAD DE TENER ALTERNATIVAS SOBRE EL DERECHO A LA LIBGERTAD Y LA MEDIDA COACTYIVA QUE EL mAGISTRADO APLICA, POR ELLO LA DETENCION DOMICILIARIA, CONTROLADA ES UNA DE LAS POSIBILIDADES QUE PERMITE LA APLICACION DE UNA MEDIDA QUE RESPETE EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL A LA LIBERTAD AMBULATORIA, CONJUGADA CON ESA DETENCION ATENUADA, YA QUE EL REO DE TAL MANMERA NO ES TAN PERJUIDICADO , EN UN FALLO ABSOLUTORIO GONZALEZ CARABAJAL. ABOGADO DE la matanza BsAs Argentina