EL ENEMIGO TIENE MENOS DERECHOS

Para el alemán, especialista en teoría del derecho, no existe la igualdad ante la ley.

Günther Jakobs, una de las máximas autoridades mundiales en teoría del derecho, desató una acalorada polémica al afirmar que, en la actualidad, para el poder penal del Estado no todos los ciudadanos son personas, sino que están “las personas y los enemigos”.

Estos últimos, que pueden ser tanto terroristas como violadores reincidentes, en realidad no son considerados por el derecho (incluso en los Estados democráticos) delincuentes, sino poco menos que animales peligrosos, algo que, por lo demás, Jakobs en cierto modo legitima, al explicar que el postulado de que todos somos personas frente al derecho no puede sostener un sistema penal real.

“El derecho penal del enemigo pena la conducta de un sujeto peligroso en etapas previas a la lesión, con el fin de proteger a la sociedad en su conjunto, y esto quiebra la relación lógica tradicional entre pena y culpabilidad”, dice. Sin embargo, aclara que él no hace otra cosa que describir la realidad, ya que el supuesto derecho penal ideal, para el cual todos somos iguales, contradice las medidas que los Estados adoptan con los sujetos altamente peligrosos.

Aunque hoy en todo el mundo se habla mucho de los derechos humanos, sostiene Jakobs, lo que realmente les importa a los países no es lo humano, sino la expansión económica, y ve como signos de decadencia mundial la proliferación del aborto y el desprecio del concepto de familia: "No tengo esperanza en el mejoramiento de las sociedades modernas, pero sí creo en las esperanzas privadas de cada persona", afirma.

Jakobs fue invitado a la Argentina por la Universidad Austral y el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Es catedrático de derecho penal y filosofía del derecho en la Universidad de Bonn y también lo ha sido de las universidades de Bochum, Kiel y Regensburg. Es miembro ordinario de la Academia de Ciencias de Westfalia del Norte y miembro correspondiente de la Academia Bávara de Ciencia.

Entre sus numerosas obras se destacan "La imputación objetiva en derecho penal" y "Sociedad, norma y persona".

Günther Jakobs alcanzó renombre internacional por su descripción de cómo el derecho penal de las sociedades occidentales cambió rotundamente desde el fatídico 11 de septiembre de 2001, con la aparición de sectores de regulación orientados a combatir la criminalidad organizada. Esa regulación ha derivado en lo que Jakobs llama "derecho penal del enemigo".

-¿Cómo define el "derecho penal del enemigo"?

-Es un fenómeno que se da en todos los ordenamientos jurídicos de los países occidentales, y consiste en sancionar la conducta de un sujeto peligroso en una etapa muy anterior a un acto delictivo, sin esperar a una lesión posterior tardía. Se sancionan la conducta y la peligrosidad del sujeto, y no sus actos. El mismo fenómeno se da en el ámbito procesal, especialmente con la restricción de algunos ámbitos privados. Por ejemplo, la posibilidad de allanamiento de morada con fines investigativos, la posibilidad de registro de viviendas o la instalación de micrófonos o instrumentos para escuchas telefónicas. En esencia, el concepto de derecho penal del enemigo es una noción descriptiva que define algo existente en los ordenamientos democráticos actuales y designa aquellos supuestos de especial peligrosidad para distinguirlos de aquellos otros supuestos en los que se produce una relación jurídica entre ciudadanos.

-¿El "derecho penal del enemigo" se basa, en algunos casos, en prejuicios sobre la supuesta peligrosidad de un sujeto?

-Todo en el derecho se basa en prejuicios, y no sólo en juicios, así que también ocurre esto en el "derecho penal del enemigo". Por ejemplo, todos los ordenamientos jurídicos del mundo conocen diferentes calificaciones del robo y siempre se considera que algunas conductas delictivas son más peligrosas que otras, pero después esos prejuicios y supuestos se transcriben con cierto criterio normativo. Ahora bien, si se piensa en fenómenos internacionales, como el atentado del 11 de septiembre, o el del 11 de marzo de Madrid, o el de Londres, y otros actos de terrorismo del mundo actual, seguramente no se puede llegar a la conclusión de que las ideas sobre el terrorismo son prejuiciosas, sino que están basadas en hechos reales y existentes. En Alemania hay una organización criminal que afecta a la sociedad en su conjunto y es la encargada del tráfico de drogas en el aeropuerto de Francfort. Cuando se toman medidas preventivas en ese aeropuerto, ¿puede decirse acaso que esas medidas son prejuiciosas?

-Aquel que es considerado un peligro latente y no un simple delincuente común ¿pierde su calidad de persona para pasar a ser visto como un animal peligroso?

-En cierto modo sí, pero en el Estado de Derecho es evidente que el enemigo no siempre es tal en todos los aspectos: en algunos órdenes mantiene su status de persona. Por poner un ejemplo: cuando alguien comete un hecho delictivo en forma reiterada, como violaciones con consecuencias graves para la mujer, el juez penal se pregunta, en consideración del peligro del sujeto, qué posibilidad existe de que el sujeto vuelva a delinquir. Entonces se aplica en el derecho penal alemán la custodia de seguridad, que supone una privación de la libertad del sujeto. Pero que esos sujetos manifiesten peligrosidad y sean sometidos a esa custodia no significa que la restricción que se les aplica abarque todos sus derechos, como el derecho de estar saludables o de tener contacto con las familias. La despersonalización del sujeto es parcial, pero también significa que parcialmente hay una despersonalización.

-A propósito de la despersonalización que sufren los individuos considerados enemigos de la sociedad, ¿cuál es su análisis acerca del trato que reciben los prisioneros de Guantánamo?

-En las primeras ocho semanas después de su captura podía existir cierta justificación internacional sobre el rigor con que debía tratarse a esos prisioneros, porque, entre otras cosas, había que identificarlos y los servicios secretos de Estados Unidos tenían que ver cuán peligrosos eran. Pero ahora que han pasado varios años desde los atentados a las Torres, es inadmisible que se haya mantenido la misma situación sin haber cambiado el status jurídico de los propios sujetos.

-Considerar a un individuo enemigo de la sociedad ¿no puede conducir a la legalización de la tortura?

-Si sólo se considera a un individuo como enemigo, eso no justifica la existencia de la tortura. El problema de la tortura es especialmente complejo, y no es algo que pueda exponer en forma exhaustiva en este momento. El problema sobre la tortura no se agota con la distinción entre ciudadano y enemigo, sino que los mayores problemas surgen cuando al sujeto le compete un deber jurídico para expresar una opinión en un determinado caso. Por ejemplo: cuando un cómplice de un delito se niega a declarar y de esa declaración depende la vida de alguien, se plantea la cuestión sobre si puede conminarse al sujeto de manera enérgica, dentro de ciertas garantías, a que cumpla con su deber. En Alemania hubo un caso de una persona que sabía dónde estaba secuestrado el hijo de un famoso banquero. Un policía lo torturó para que confesara, y confesó. En consecuencia, el niño fue hallado, pero el policía fue condenado. ¿Qué puede pensarse de este resultado?

-Usted afirma que, como científico del derecho, no le corresponde formular juicios de valor, sino hacer una descripción justa y dura de la realidad. Pero en el modo en que el derecho describe la realidad que le incumbe, ¿no hay juicios de valor implícitos?

-La descripción la hace el ordenamiento jurídico.

-En el caso Guantánamo, cuando usted dice que es inadmisible el trato que se da hoy a esos reclusos, ¿no hay un juicio de valor sobre lo que es bueno y lo que es malo?

-Valoración y descripción se mantienen en ámbitos diferentes, pero la valoración exige una descripción completa.

-Si la valoración exige una descripción completa, ¿la descripción no exige una valoración parcial?

-Por supuesto, porque la descripción es dependiente de la cultura, así que la valoración es inevitable. La cuestión del derecho penal del enemigo tiene que ver con esto, porque su cometido es realizar una descripción más completa de la realidad, para saber cuáles son las normas que deben permanecer como excepcionales en un Estado de Derecho.

-Si la descripción y la valoración en el derecho dependen de los valores vigentes en una cultura, ¿puede establecerse una relación entre derecho descriptivo y objetividad?

-El derecho es tan objetivo como la cultura en la que se desarrolla.

-¿Es inevitable caer en la contradicción de que la objetividad del derecho es dependiente de los valores subjetivos de una cultura?

-El concepto de subjetividad de la cultura no es correcto, porque la cultura presupone siempre relación entre personas, es decir, una objetividad, una relación interpersonal.

-¿Según usted, entonces, la objetividad no tendría relación con las nociones de universalidad e intemporalidad?

-Cuando se mira hacia atrás unos 2500 años y se observa la evolución de los tiempos, la noción de universalidad resulta incomprensible.

-Si una sociedad está en decadencia, ¿qué ocurre con la objetividad del derecho y su dependencia de los valores subjetivos de una cultura?

-Un filósofo alemán afirmó que el vuelo de Minerva se conoce en su ocaso, así que a una cultura sólo se la puede conocer en su decadencia. Estoy seguro de que este tiempo actual se acaba y que esto se debe a un extremo individualismo de las personas. Hoy se habla de derechos humanos, pero sólo importa la expansión económica. EE.UU. chantajea a China invocando los derechos humanos, pero en el fondo de todo están los intereses económicos y nada más. Soy escéptico con respecto al sentido universal de esos derechos.

-¿Coincide con la tesis del historiador Oswald Spengler de que Occidente está en decadencia?

-La tesis de Spengler es profética, y yo no soy profeta. Dice que el ocaso se conoce sólo cuando algo se ha acabado, pero yo no quiero repetir los fallos proféticos de Spengler, Marx y otros.

-Si una cultura se conoce en su ocaso, ¿qué signos destacaría usted como propios de un período de decadencia?

-Dudo de que estemos en el ocaso de nuestra civilización. Yo sólo digo que el vuelo de Minerva se conoce en el ocaso. Pero en lo personal critico la dependencia económica de los países con respecto a las superpotencias. Hay dos cosas que he observado con cierta sorpresa: uno es el alarmante crecimiento del aborto en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, China y Europa. Y lo otro es la absoluta destrucción del concepto de familia. A la vista de esas dos cuestiones considero que todo puede empeorar.

-¿En qué ideas o creencias deposita su confianza en que mejorará la situación que describe?

-No hay esperanza. Sólo análisis. Las esperanzas son sólo privadas: la esperanza de tener una mujer bonita, la de tener comida, la de disponer de agua potable. El científico tiene que hacer análisis, y los análisis son necesariamente duros si se refieren a la realidad. Si alguien no quiere hacer análisis duros, entonces tendría que ser politicólogo, pero no científico. Esto ya lo expuso Max Weber, el autor de "La ciencia como profesión".

-¿Las sociedades modernas son más riesgosas que las de antaño?

-Yo pasé por la Segunda Guerra Mundial. De niño tuve que refugiarme en subterráneos para ponerme a salvo de los bombardeos de las fuerzas aliadas. No puedo más que considerar risible la idea de que la sociedad es más riesgosa hoy que en tiempos pretéritos.

LA NACION
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S.A

COMUNICADO DE A.P.P SOBRE EL MOTÍN EN SANTIAGO DEL ESTERO

La Asociación Pensamiento Penal, emitió un documento sobre el motín.
La tragedia ocurrida el domingo 4 de noviembre en el Penal de Varones de Santiago del Estero, tiene unas dimensiones de tal magnitud que no pueden dejar de conmovernos en lo más hondo de nuestra humanidad, llenándonos de espanto, de indignación y vergüenza.
Más de treinta personas inmoladas en el fuego y los gases tóxicos, reclaman el rápido esclarecimiento de lo verdaderamente ocurrido tras los muros de la penitenciaría santiagueña, deslindando responsabilidades, sin ocultamientos, ni encubrimientos de ninguna índole.
El estado, en su rol de garante de los derechos fundamentales, no puede ni debe eludir sus compromisos, pues cualquiera que fuera la causa que desencadenó el fuego, la responsabilidad por la vida de los internos en una cárcel recae en la autoridad que dispuso su internación y, muy especial, la que tiene a su cargo la custodia durante el encierro.
Nunca la muerte es equivalente a la fuga, ni los intentos de evasión, si los hubiera habido, pueden justificar la inmolación de vidas humanas. La experiencia demuestra que la verdad sólo saldrá a la luz, si se permite una investigación llevada a cabo por funcionarios independientes y sin represalias a los internos que declaren, pues de lo contrario las responsabilidades, se diluirán en un mar de culpas compartidas.
Tragedias de esta naturaleza se suceden a través del tiempo sin solución de continuidad: Magdalena, Coronda, Córdoba Capital, Penitenciarías de Mendoza, corrientes y así sucesivamente. No hay establecimiento penitenciario que sea la excepción. Y las respuestas estatales se producen con igual continuidad: la solución no es otra que más de lo mismo, es decir, la promesa de más y mejores cárceles.
La cárcel no es natural a los hombres y todas las tentativas por humanizarlas han sido en vano. Se suceden los informes condenatorios elaborados por ONG`s especializadas y hasta por las propias entidades gubernamentales, que no pueden ocultar el horror de la privación de libertad, enormemente más cruel y despiadado que la mayoría de los crímenes que lo originan.
Esperamos y anhelamos, que este luctuoso hecho sirva para que la comunidad de Santiago del Estero, de un paso adelante y busque soluciones diferentes a la prisionización, al mero encierro de personas que nacieron libres en los “galpones de la violencia y la muerte”.
Soluciones que sabemos que en algún grado han sido encaradas, como la exitosa experiencia del Penal Abierto de Pinto, lo demuestra.
Desde nuestra asociación esperamos que esta carta abierta no sea sólo una manifestación de repudio por un hecho atroz, sino que – sin dejar de señalar los horrores que la cárcel conlleva – nos ponemos a disposición de las autoridades de Santiago del Estero, para colaborar en el esclarecimiento de las causas del siniestro y en la búsqueda de soluciones futuras, tanto al encierro, como al proceso penal que desencadenó en el mismo.
Santiago del Estero está de luto, pero el dolor no le debe impedir actuar decididamente.

Es momento, como dice el poeta, de no llorarse las mentiras, sino de cantarse las verdades.

Comunicado publicado en el diario panorama
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S.A

EN HONOR A LA VERDAD

Es cosa de todos los días que, algunos, periodistas desinformen y exterioricen una posición sin respetar parámetros éticos y morales y desconociendo, desde el ámbito técnico, la información que brindan.

Para honrar a la profesión, por favor, se debe leer el "código internacional de ética periodística". Asumo que hay gente que lo desconoce (esto acarrea indefectiblemente su falta de profesionalidad) - y solo por ser benevolente les otorgo el beneficio de la duda -


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Código Internacional de Ética Periodística

Conclusiones del Fourth Consultative Meeting of International and Regional Organizations of Journalists, realizado en París el 20 de noviembre de 1983.

Participaron: International Organization of Journalists (IOJ), International Federation of Journalists (IFJ), International Catholic Union of the Press (UCIP), Latin-American Federation of Journalists (FELAP), Latin-American Federation of Press Workers (FELATRAP), Union of African Journalists (UJA), Confederation of ASEAN Journalists (CAJ).

La UNESCO es el único organismo de las Naciones Unidas que tiene el mandato de defender la libertad de expresión y la libertad de prensa.


1) El derecho del pueblo a una información verídica:El pueblo y las personas tienen el derecho a recibir una imagen objetiva de la realidad por medio de una información precisa y completa, y de expresarse libremente a través de los diversos medios de difusión de la cultura y la comunicación.

2) Adhesión del periodista a la realidad objetiva:La tarea primordial del periodista es la de servir el derecho a una información verídica y auténtica por la adhesión honesta a la realidad objetiva, situando conscientemente los hechos en su contexto adecuado.- El resaltado me pertenece -


3) La responsabilidad social del periodista:En el periodismo, la información se comprende como un bien social, y no como un simple producto. Esto significa que el periodista comparte la responsabilidad de la información transmitida. El periodista es, por tanto, responsable no sólo frente a los que dominan los medios de comunicación, sino, en último énfasis, frente al gran público, tomando en cuenta la diversidad de los intereses sociales.


4) La integridad profesional del periodista:El papel social del periodista exige el que la profesión mantenga un alto nivel de integridad. Esto incluye el derecho del periodista a abstenerse de trabajar en contra de sus convicciones o de revelar sus fuentes de información, y también el derecho de participar en la toma de decisiones en los medios de comunicación en que esté empleado.


5) Acceso y participación del público:El carácter de la profesión exige, por otra parte, que el periodista favorezca el acceso del público a la información y la participación del público en los medios, lo cual incluye la obligación de la corrección o la rectificación y el derecho de respuesta.


6) Respeto de la vida privada y de la dignidad del hombre:El respeto del derecho de las personas a la vida privada y a la dignidad humana, en conformidad con las disposiciones del derecho internacional y nacional que conciernen a la protección de los derechos y a la reputación del otro, así como las leyes sobre la difamación, la calumnia, la injuria y la insinuación maliciosa, hacen parte integrante de las normas profesionales del periodista.


7) Respeto del interés público:Por lo mismo, las normas profesionales del periodista prescriben el respeto total de la comunidad nacional, de sus instituciones democráticas y de la moral pública.


8) Respeto de los valores universales y la diversidad de las culturas:El verdadero periodista defiende los valores universales del humanismo, en particular la paz, la democracia, los derechos del hombre, el progreso social y la liberación nacional, y respetando el carácter distintivo, el valor y la dignidad de cada cultura, así como el derecho de cada pueblo a escoger libremente y desarrollar sus sistemas políticos, social, económico o cultural. El periodista participa también activamente en las transformaciones sociales orientadas hacia una mejora democrática de la sociedad y contribuye, por el diálogo, a establecer un clima de confianza en las relaciones internacionales, de forma que favorezca en todo la paz y a la justicia, la distensión, el desarme y el desarrollo nacional.


9) La eliminación de la guerra y otras grandes plagas a las que la humanidad está confrontada:El compromiso ético por los valores universales del humanismo previene al periodista contra toda forma de apología o de incitación favorable a las guerras de agresión y la carrera armamentística, especialmente con armas nucleares, y a todas las otras formas de violencia, de odio o de discriminación, especialmente el racismo.

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Para una mayor amplitud del tema véase en este mismo blog la entrada denominada "Derecho Penal Y Los Medios De Comunicación" - Ver Etiqueta -

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S.A

CÓDIGO PROCESAL PENAL DE CHUBUT

Principio de oportunidad y poder de investigación en manos de los fiscales.

A un año de su aplicación, el nuevo Código Procesal Penaldel Chubut fue respaldado y elogiado por autoridades y funcionarios judiciales de la Provincia.


El procurador General,Eduardo Samamé, el coordinador de la reforma, José Heredia, y el fiscal general de Esquel, Fernando Rivarola,destacaron los resultados que en 12 meses se lograron aunque advirtieron que hay déficit de recursos humanos.


Entre las reformas se destacan el traspaso de un sistemamixto a uno acusatorio donde la investigación de los delitos pasó a manos de los fiscales.
“Hoy confirmamos aquello que creíamos, que esto iba a ser evidentemente positivo, en términos de respuesta, en términos de administración de justicia, y así lo evaluamos, al menos desde la actividad local y desde la visión del Ministerio Público Fiscal. Estamos frente a un proceso ágil, moderno,que respeta las garantías procesales, fundamentalmente del imputado pero también de la víctima, en una consagración de los principios constitucionales. Aquella esperanza que teníamos con el Código hoy la vemos concretada en resultados concretos, en números concretos de resolución y de tramitación de casos”, sostuvo el Fiscal General de Esquel.
Heredia destacó algunas mejoras logradas en localidades como Esquel y Trelew: “Se bajaron las prisiones preventivas, se abreviaron los plazos, hay decenas de juicios celebrados y otros por celebrarse”, sostuvo. Pero también advirtió que “nos falta en el esquema organizacional algunos recursos, en el Ministerio Público Fiscal y tal vez el Colegio de Jueces debe nutrirse de nuevos Jueces, porque ellos tienen todas las funciones penales”
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Fuente: diariojudicial.com.ar
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Maier decía que la instrucción se había tragado al juicio y el juicio es lo más importante en la esfera penal porque es el único ámbito donde se puede establecer la culpabilidad o la inocencia de una persona. Esto nos llevó a largas prisiones preventivas, a procesos que nunca llegaron a juicio”.
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S.A

INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 311 BIS

FALLO DE LA CÁMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL (SALA I)

EN EL FALLO LOS CAMARISTAS REVOCARON LA INHABILITACIÓN PARA CONDUCIR, ALEGANDO QUE SE TRATA DE UNA PENA ANTICIPADA.

VALE AGREGAR QUE, TAMBIÉN, DECLARARON NULO EL EMBARGO POR ENTENDER QUE FUE FIJADO SIN MOTIVACIÓN ALGUNA.

DEJO EL FALLO COMPLETO PORQUE ME PARECE INTERESANTE LEER EXACTAMENTE LO QUE EXPRESARON, EN LA SENTENCIA, LOS JUECES DE CÁMARA.


Buenos Aires, 5 de octubre de 2007.-
Y VISTOS:
I- Llegan las presentes actuaciones con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensa de Jorge Luis Ivanoff, contra el auto de fs. 328/336 por el cual se dispuso su procesamiento por considerarlo prima facie, autor penalmente responsable del delito de lesiones culposas -pto. V-, se trabó embargo sobre sus bienes hasta alcanzar la suma de cien mil pesos ($100.000) -pto VI- y se lo inhabilitó provisoriamente para conducir automóviles por el término de seis meses -pto. VII- (artículos 94, CPN y 306 y 311 CPPN).-
Mantenido el recurso y expresados los agravios a fs. 359/362, la Sala se encuentra en condiciones de resolver.


II- Hecho atribuido:
Se imputa a Jorge Luis Ivanoff haber embestido con el rodado marca “Ford EcoSport”, el 26 de noviembre de 2006, a las 10:30 horas aproximadamente, en la intersección de la avenida Jujuy y la calle Cátulo Castillo a un automóvil particular conducido por Daniela Graciela Sirica, que circulaba por la segunda arteria de mención.
Con motivo de la colisión resultaron lesionadas las dos tripulantes del rodado marca “VW” modelo “Pointer”, la nombrada Graciela Sirica y Andrea Verónica Faganello -quien instó la acción penal-, así como también Sergio Corvalán y Juan Manuel Vega, que se encontraban a bordo del vehículo de Ivanoff, que se reservaron el derecho de instar la acción penal.


III- Descargo del imputado:
Al momento de efectuar su descargo (fs.300/302vta.), el nombrado negó el hecho que se le endilga y manifestó que se desplazaba por la avenida con onda verde, que al llegar al cruce de mención frenó ya que el semáforo se puso en amarillo, pero la camioneta no logró detenerse por lo que impactó con el vehículo de Sirica que, a su entender, atravesaba el cruce con luz roja. Luego se subió a un taxi y se retiró del lugar sin comprobar el estado de salud de sus acompañantes así como tampoco de las dos mujeres embestidas. En cuanto a las manifestaciones vertidas en su contra por sus compañeros, adujo que ello puede deberse a la circunstancia de estar molestos por haber sido en un principio detenidos como autores del robo del vehículo, por el personal policial interviniente.


IV- Valoración de la prueba:
Llegado el momento de resolver la cuestión traída a estudio cabe adelantar que el auto impugnado ha de ser homologado, pues las constancias anexadas al sumario resultan suficientes para acreditar, aún con el grado de provisoriedad requerido en esta etapa procesal, la responsabilidad del nombrado en el hecho investigado.
En efecto, Sergio Ramón Corvalán (fs. 117/118), Javier Fernando Brizuela (fs. 120/121) y Juan Manuel Vega (fs. 123/124), en sus respectivas declaraciones indagatorias, fueron contestes en afirmar que al momento del hecho materia de estudio viajaban a bordo de un rodado conducido por el imputado quien se encontraba “borracho y pasaba los semáforos en rojo”, todo lo cual desvirtúa las manifestaciones de Ivanoff.
Asimismo, en el acta de fs. 1/2vta. el oficial Sergio Diep dejó asentado que se entrevistó con el conductor de un taxi, Ernesto Pedro Bujman (fs. 148/vta.) y su acompañante, Ángel Daniel Vargas (fs. 150/vta.), quienes posteriormente declararon en la instrucción y refirieron que la camioneta marca “Ford EcoSport” circulaba a gran velocidad por la misma avenida que ellos, zigzagueando y cruzando los semáforos en rojo. Unas cuadras después la vieron chocada y en contra mano a como venían circulando.
Por su parte, Andrea Verónica Faganello manifestó que circulaba junto a su compañera de trabajo Daniela Graciela Sirica por la calle Castillo, que al iniciar el cruce de la avenida Jujuy había un camión allí detenido a la espera de la habilitación del semáforo, cuando por el lateral izquierdo apareció un auto que cruzó en rojo y las chocó; ello concuerda con lo manifestado por Sirica en su declaración indagatoria de fs. 307/308vta.
Así las cosas, el material probatorio detallado sumado al restante descripto por el a quo, autorizan a homologar la resolución recurrida, en los términos del artículo 306, del CPPN.


V- Sobre el monto del embargo:
En cuanto a la apelación interpuesta contra el monto del embargo, este tribunal entiende que el mismo fue fijado sin motivación alguna. En efecto, señalar que la suma de cien mil pesos ($100.000), resulta suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas, conforme lo normado por el artículo 518, del CPPN, en una fórmula genérica que podría ser aplicada para resolver cualquier traba de embargo y nada dice del caso concreto, razón por la cual habrá de ser invalidado el pronunciamiento obrante en el punto VI del auto en cuestión (artículo 123 a contrario sensu y 168 del CPPN).
En este sentido, cabe agregar que el artículo 518 del CPPN dispone que al dictarse el auto de procesamiento el juez debe ordenar el embargo de bienes del imputado en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas. Específicamente, las costas comprenden: 1) el pago de la tasa de justicia, 2) los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos y 3) los demás gastos que se hubieran originado por la tramitación de la causa (artículo 533, del CPPN). Cada uno de estos aspectos debe ser evaluado para llegar finalmente al monto específico y respecto del cual las partes puedan formular impugnaciones si es que lo consideran pertinente. Por todo lo expuesto, en lo respectivo al embargo la resolución carece de fundamentación, y habrá de ser anulada.


VI- Sobre la inhabilitación provisoria para conducir:
Respecto a la inhabilitación provisoria para conducir el primer interrogante que se debe analizar es si “la medida cautelar” impuesta por el Sr. Juez de grado, de inhabilitar al imputado Jorge Luis Ivanoff para conducir vehículos, responde a los fines que debe perseguir toda medida de coerción en el marco de los objetivos del proceso que son, la averiguación de la verdad y el cumplimiento del derecho material mediante la neutralización de los peligros procesales respectivos: entorpecimiento de la investigación y fuga, respectivamente. Por lo tanto, si la medida dispuesta no cumple tales destinos, no estará justificada su aplicación, toda vez que, de otro modo, se estaría sustantivizando un instituto del derecho adjetivo.-
La disposición prevista en el artículo 311bis, del CPPN, de aplicación al caso, no constituye una medida que asegure la averiguación de la verdad ni que impida que el acusado se fugue, por lo que no respondiendo su aplicación a las finalidades señaladas, se descalifica como tal y por ende no puede ser utilizada (cfr., respecto de esta cuestión el trabajo: “La nulla coactio sine lege como pauta de trabajo en materia de medidas de coerción en el proceso penal”, en la justicia penal hoy, VV.AA. Fabián J. Di Plácido Editor, Bs. As., 1999, págs. 189 y sgtes.).
Además, entienden los suscriptos que la aplicación de la medida en cuestión resulta contraria a la Constitución Nacional, dado que mediante su dictado, se afecta el principio de inocencia del que goza toda persona sometida a proceso, la cual se encuentra tutelada no sólo a través del artículo 18 de la CN, sino también tras la reforma constitucional de 1994, mediante la incorporación de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 75, inciso 22, en función del artículo 8, apartado segundo; y 26 de los referidos pactos). Así, el principio de inocencia del que goza todo imputado sometido a un proceso, sólo se pierde una vez acreditada su culpabilidad mediante el dictado de una sentencia condenatoria.
Por lo tanto, proceder de distinta manera a la aquí propuesta implicaría la aplicación de una pena anticipada, de inhabilitación, ya que las normas de los artículos 84 y 94, del CP prevén como pena la aplicación de tal sanción que es una de las enumeradas expresamente en el artículo 5 del mismo cuerpo legal, y que dista mucho de ser una “medida cautelar” porque se trata claramente de una pena. Esta postura, ha sido mantenida por este Tribunal, con otra conformación, en las causas n° 7299 “Wasserman, Diego”, rta. 8/9/97; 7519, “Castro, Maximiliano”, rta. 11/9/97 y, en casos análogos, en las causas n° 20.865 “Di Zeo, Fernando s/ procesamiento y prórroga de concurrir a estadios deportivos”, rta. el 18 de julio de 2003, causa n° 23.150 “Ibañez, Roberto Joaquín y otros, s/ prohibición de concurrir a estadios deportivos”, rta. el 23 de marzo de 2004; causa n° 23.552 “Fernández, Emilio Héctor, s/ abstención.” rta. el 4 de junio de 2004.-
En consecuencia, y atento lo previsto en el artículo 31 de la Constitución Nacional y el artículo 21 de la ley 48, habrá de declararse la inconstitucionalidad de la norma prevista en el artículo 311 bis de la CPPN, puesto que si bien no ha sido ello formalmente planteado a petición de parte, la CSJN se ha expedido convalidando efectuar de oficio el control de constitucionalidad, argumentando que ello no afecta ni atenta contra el principio de división de poderes (“Mill de Pereyra c. Estado Pcia. de Corrientes”, rta. 27/9/01), debiendo revocarse, en consecuencia, la aplicación de la pena anticipada impuesta, bajo la forma de una medida cautelar que, por otro lado, de manera alguna responde a los fines del proceso.
Para finalizar, no resulta ocioso destacar que lo expuesto se ha formulado más allá de las facultades propias que la normativa pudiera conferir a la autoridad administrativa de contralor y derivadas de las posibles infracciones que pudieron haber generado el delito imprudente.


Por lo expuesto, el tribunal RESUELVE:
I.- CONFIRMAR el punto V de la resolución de fs. 328/336, en cuanto decretó el PROCESAMIENTO de Jorge Luis Ivanoff, por considerarlo prima facie autor penalmente responsable del delito de lesiones culposas (artículos 94, CP y 306, del CPPN).
II.- DECLARAR la NULIDAD del embargo ordenado en el punto VI del auto de fs. 328/336, respecto de los bienes de Jorge Luis Ivanoff (artículos 123 y 168, del CPPN).
III.- DECLARAR la INCONSTITUCIONALIDAD del artículo 311bis, del CPPN, en atención a los argumentos dados en la presente resolución y, en consecuencia REVOCAR el punto dispositivo VII del auto de fs. 328/336, que dispuso inhabilitar provisoriamente para conducir vehículos a Jorge Luis Ivanoff.-
Devuélvase, y practíquense las comunicaciones correspondientes en la instancia de origen. Sirva lo proveído de atenta nota.-

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S.A