LA CIDH Y GUATEMALA

Corte Interamericana reitera a Guatemala su deber de no ejecutar a personas condenadas a muerte

Ciudad de Guatemala, 11 de junio de 2008

La Corte Interamericana de Derechos Humanos no consideró necesario el otorgamiento de medidas provisionales para evitar la ejecución de las 25 personas que se encuentran condenadas a muerte “ya que la obligación del Estado de Guatemala de no ejecutar a los condenados a muerte nació ya de las sentencias dictadas en los casos Fermín Ramírez y Raxcacó Reyes”, según señaló el máximo Tribunal en una resolución dictada el pasado 9 de mayo, notificada a las partes el 30 del mismo mes.

La Corte Interamericana recordó al Estado su obligación de abstenerse de ejecutar a los condenados a muerte por el delito de plagio o secuestro que no haya tenido como consecuencia el fallecimiento del secuestrado, o a quienes se les haya aplicado la parte del artículo 132 del Código Penal que hace referencia a la peligrosidad.

El Tribunal Interamericano también señaló que el Estado de Guatemala no podrá ejecutar a ningún condenado a muerte, sea cual fuere el delito por el cual se le impuso la pena capital, mientras se encuentre pendiente la decisión sobre el indulto o la conmutación de la pena. En este sentido, reiteró al Estado guatemalteco su obligación de brindar un procedimiento que garantice que toda persona condenada a muerte tenga derecho a solicitar indulto y que este recurso debe ser efectivo y no una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa.

Vale recordar que en el 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó las sentencias en los casos de Fermín Ramírez y Raxcacó, ambos condenados a muerte por tribunales guatemaltecos en contravención a a Convención Americana. El primero fue sentenciado en aplicación del artículo 132 del Código Penal utilizando el concepto de peligrosidad social, que la Corte Interamericana consideró subjetivo. El segundo fue condenado en aplicación del artículo 201 del mismo cuerpo legal que la Corte estimó una ampliación de los delitos sancionados con la pena capital, lo cual está prohibido por la Convención Americana sobre derechos humanos.

2 comentarios:

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