ENTREVISTA A JACQUELINE MUÑIZ


Experta en criminalidad y narcotráfico, la brasileña Jacqueline Muniz afirma que Río de Janeiro y San Pablo fueron copadas por el crimen organizado, en gran parte, porque las estructuras policiales y mafiosas se utilizaron como cajas de recaudación de fondos para campañas políticas.

Seguridad y protección no son lo mismo. No es igual aplicar una política de seguridad para toda la población que proteger los intereses de algunos sectores, iluminar ciertas calles y reprimir el crimen en algunos barrios. En la política de protección, señala Jacqueline Muniz,se impone una lógica del miedo, resabio del pasado autoritario de varios países latinoamericanos y que en la actualidad alimenta un populismo que busca perdurar.

Brasil, explica esta académica brasileña, experta en temas de seguridad, aprendió luego de muchas muertes y mucho dolor que la violencia en San Pablo y Río de Janeiro exigían una política de seguridad, no de protección. Y Buenos Aires, opina, debe debatir seriamente la seguridad si no quiere que se repita en sus calles el caos de violencia que gobernó en las grandes ciudades brasileñas en las últimas dos décadas. La reciente seguidilla de muertes vinculadas a lo que ha sido interpretado como una posible guerra de narcos de origen peruano por el manejo de la droga en Capital hace por lo menos atendible esta sugerencia de la experta brasileña.

Invitada por las fundaciones Pensar y Fundar, Muniz participó la semana pasada en Buenos Aires en el seminario internacional "Areas urbanas fuera de control, la experiencia de Río de Janeiro". Socióloga con un master en antropología social y un doctorado en ciencia política, lleva años estudiando el fenómeno de la violencia urbana y la criminalidad, sus causas y consecuencias y las posibles vías de solución. Pero además de analizar esta problemática desde el punto de vista académico ocupó cargos ejecutivos en el área de seguridad del gobierno de Río de Janeiro y en el gobierno federal, en Brasilia, e integra la organización Viva Río, ONG dedicada a la reducción de la violencia en la ciudad brasileña.


-¿Cómo se llegó a la actual situación de descontrol en ciudades como Río de Janeiro y San Pablo? ¿Qué falló?

-Es un problema que se viene gestando desde la recuperación democrática. Hay aquí un rasgo común a muchos países latinoamericanos, porque en los regímenes autoritarios no hay una discusión sobre la seguridad pública sino una defensa del Estado contra cualquier ciudadano que amenace al gobierno. Es una seguridad del Estado en contra de la sociedad.

En la transición democrática brasileña se debió enfrentar, en un primer momento, una estructura de seguridad pública heredada de la dictadura, con estructuras policiales y judiciales cerradas, que atendían los intereses del gobierno y del Estado y que trataban los problemas de violencia y criminalidad presentes en la sociedad como una cuestión secundaria: la prioridad era perseguir a los enemigos del régimen.


-¿Y de qué manera derivó esto en la violencia posterior?

-Río, al igual que otras ciudades, se vio afectada por la ausencia continuada de políticas públicas en el campo de la prevención, la reducción de la violencia, el afianzamiento de los derechos. Así, hacia fines de los 80 y en los 90 apareció un nuevo actor en el escenario del orden social y urbano: las organizaciones criminales asociadas al tráfico minorista de drogas y el juego ilegal, facciones que comenzaron a disputarse el control territorial y que, en buena medida, fueron absorbidas por la propia lógica del Estado, porque los recursos que recolectaban estas estructuras muchas veces ayudaban a financiar campañas de políticos populistas y sistemas clientelistas de poder. La irrupción de estos grupos y sus disputas territoriales cambiaron la dinámica de la criminalidad y la violencia, porque la altísima capacidad de acumulación de recursos que permite la droga, sobre todo la cocaína, alteró el antiguo esquema mafioso y dio lugar, por ejemplo, a la protección de los puntos de venta con armas cada vez más pesadas. A su vez, esto coincidió con un período de crisis económica y social, de pauperización y precarización del trabajo. En este contexto prospera el tráfico minorista, que se instala logísticamente en las favelas, no porque ahí esté su estructura de apoyos sino porque allí el Estado no sólo no está presente sino que, peor aún, ha desarrollado una política de exclusión.


-¿Es esta ausencia del Estado en las favelas y su reemplazo por estructuras ilegales lo que se conoce como Estado paralelo?

-No. No existen los Estados paralelos. El Estado paralelo es construido por el propio Estado y consiste en el armado ilegal de recolección de dinero con fines políticos. La idea de un Estado paralelo construido por el narcotráfico es una fantasía mediática que no tiene ninguna consistencia, porque para construir un Estado paralelo es preciso disputar la soberanía, disputar el poder, el gobierno, y la economía criminal del tráfico nacional e internacional de drogas busca el lucro. Es más sencillo corromper funcionarios, políticos y policías que ocupar el poder. Las favelas eran comunidades abandonadas, sin políticas públicas, sin presencia policial. Lo que había era una política de represión: allí están los pobres, por lo tanto allí están los posibles enemigos del régimen político. Esta concepción autoritaria siguió presente incluso en tiempos democráticos y por eso en estas comunidades abandonadas echó raíces el crimen organizado, que comenzó a ofrecer nuevas posibilidades de empleo y protección.


-¿Pero esta función de empleador y proveedor de seguridad no es propia de un Estado, en este caso paralelo?


-Una cosa es seguridad, que es necesariamente colectiva, razón de ser del Estado, y otra son las lógicas de protección. Esto último es lo que hacen los grupos armados, pero la protección es precaria, desigual, provisoria y tiene como fundamento la amenaza. Primero te amenazo, luego te ofrezco protección paga. Cuanto más protegida está una persona, más insegura estará, porque agregar protección no produce seguridad.


-Usted carga buena parte de la responsabilidad por la inseguridad y el auge de la criminalidad en el Estado, ¿cómo es eso?

-Si, hay que comprender algo: primero tenemos el consumo de drogas, que es de clase media y clase alta. No se puede discutir una política antidrogas sin discutir la cuestión del consumo de drogas, que es un asunto de salud pública, no de seguridad pública. Estas clases son las que consumen y los pobres son quienes venden, son empleados en las bocas de venta y su patrón, el jefe, no está en la favela sino en un departamento en un barrio caro. Cuando atacamos el problema en las favelas estamos actuando a partir de un preconcepto, sobre la parte más visible y vulnerable de la cadena, donde se producen los crímenes más violentos y las víctimas son niños de 11 y 12 años. ¿Cuál ha sido la reacción del Estado? Frente a la dinámica cambiante de la criminalidad y la violencia entramos en la vida democrática sin reestructurar el sistema de justicia ni el sistema policial. Es decir, no se reestructuró el sistema de seguridad pública. La lógica del Estado continuó siendo la misma: reprimir la parte visible del problema para producir una respuesta mediática y catártica, pero no resultados a largo plazo. Así es como en Brasil vivimos olas sucesivas de inseguridad, con ciclos de agravamiento del temor y de percepción generalizada de inseguridad que son estimuladas por alguna tragedia mayor, de gran repercusión mediática. En esta lógica, el Estado provee protección, no seguridad.


-¿Y qué respuestas hubo frente a esta situación?

-Hubo dos estrategias básicas. Los gobiernos de derecha, conservadores, apostaron a la represión como un fin en sí mismo. Pero el efecto de la represión es provisorio y limitado, porque es una política del después: se aplica después de producido un crimen. Por otra parte, el endurecimiento de las leyes crea una ficción, un populismo penal que excluye la discusión sobre la capacidad de implementación de la ley. El paradigma de ley y orden es falso porque no va a las causas que provocan la inseguridad.


-¿Y desde la izquierda?

-A partir de la historia traumática de la dictadura, la izquierda entendió que el problema tenía su origen en una cuestión únicamente social, que con hacer política social bastaba porque los criminales ingresaban en la ilegalidad por falta de oportunidades. Esto es una verdad a medias. Hay estudios en todo el mundo que refutan esta teoría. La consecuencia fue que los gobiernos de izquierda no reformaron las estructuras judiciales, policiales y carcelarias.

Tanto las respuestas de derecha como las de izquierda respondían a las presiones de la opinión pública y los medios de comunicación, presiones posibles en un entorno democrático, pero ambas perspectivas probaron ser insuficientes, parciales. Debe haber una combinación, porque no son políticas antagónicas sino complementarias, con resultados a corto y largo plazo.


-¿Esto fue comprendido en Brasil? ¿Hay un consenso?

-Si, estamos en una etapa superadora, pero costó muchas muertes, muchas tragedias y mucho tiempo y dinero perdidos. Así como estamos aprendiendo a vivir en democracia, también estamos aprendiendo a crear seguridad pública.


-¿El problema de la inseguridad es un problema político?

-De la maquinaria política partidaria populista, que promueve el armado de sistemas recaudatorios para alimentar su estructura clientelística y sus campañas políticas y asegurar así su continuidad. En ese esquema, cada policía y cada unidad policial deben recaudar una suma determinada, y no logra ascender en su carrera aquel que no participa de esta lógica.


-¿Se puede terminar con esta lógica?

-Hay salidas, sí. En primer lugar, para garantizar la ley y el orden para todos no debe haber una apropiación de los medios policiales por parte de los políticos. Se debe blindar a la policía del uso político partidario y de los intereses privados, transparentar su accionar como se ha hecho en algunas naciones avanzadas. Esta es la razón de ser de las organizaciones
policiales modernas. Además, la policía debe estar altamente subordinada al gobierno democrático y a las prioridades y directrices de una política pública de seguridad clara, consensuada y que disponga de los recursos necesarios. Esto es lo que da el equilibrio necesario para que la acción policial sea legal y legítima. Y esto, a su vez, le devuelve a la policía prestigio social, autoridad y credibilidad. En Brasil estamos aplicando reformas que otros países aplicaron hace cuatro o cinco décadas y que son parte de la consolidación democrática.


-Y en la Argentina, ¿en qué etapa estamos? Hay indicios de una guerra de narcos por el control de la droga en Buenos Aires...

-Pienso que los problemas de inseguridad que están viviendo equivalen a lo que en Brasil ocurrió en los años 80 y 90. Sin una perspectiva política seria, responsable, una discusión que involucre a los municipios, a las provincias y al gobierno central sobre los mandatos de la policía, y sin un control de ese mandato por parte de la sociedad, creo que en la Argentina, si se continúa haciendo un uso partidario y clientelístico de la estructura policial, vamos a ver lo que ocurre u ocurrió en Brasil.


-¿La percepción de inseguridad puede ser producto de una construcción mediática?

-No hay una política de seguridad pública sin los medios de comunicación, porque en la sociedad de masas es la prensa escrita, radial o televisiva la que nos muestra lo que acontece y el medio a través del cual podemos reclamar una rendición de cuentas. Los medios de comunicación tienen un papel decisivo en la producción tanto de la seguridad como de la inseguridad, porque permiten que los elementos de una sociedad compleja interactúen y se comuniquen. Medios de comunicación irresponsables pueden producir un gran caos en el que se agraven la sensación de temor y se retroalimenten las prácticas violentas. Esto no quiere decir que deba haber censura: cuanta más información hay, más posibilidades se tienen de comprender el problema.


-¿Puede un gobierno ineficiente ocultar su ineficacia diciendo que la sensación de inseguridad es creada por los medios?

-Es un discurso falso, sin fundamentos. No es necesario que ocurra un crimen para que la gente tenga miedo. Una buena política de seguridad ataca simultáneamente los hechos objetivos como los subjetivos. Debe contar con una buena comunicación, rendir cuentas, mostrar sus resultados a la sociedad, abrir las estadísticas al público, como hicimos en Río, donde todo se publica en Internet. Se puede monitorear todo, no hay ocultamiento de las bases de datos ni de estadísticas. Cuanto mayor es la desinformación, mayor es el miedo, y el miedo es pésimo consejero.


Fuente: Diario La Nación
Por Francisco Seminario