AUDIENCIA PÚBLICA CSJN. ACCESO A LA INFORMACIÓN





La CSJN, a través del CIJ, publicó el video en el marco de la causa “Asociación Derechos Civiles c/ EN-PAMI s/ amparo”, que iniciara la ONG a fin de que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados le haga entrega de información relativa al presupuesto del 2009. Muy activos los Ministros, como siempre, y principalmente los Drs Maqueda y Lorenzetti.

Acá

Fuente www.cij.gov.ar

SEMINARIO EN UFLO

ACTUALIZACIÓN EN JURISPRUDENCIA DE LA C.S.J.N
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y OTRAS CUESTIONES
EN MATERIA DE DERECHO PROCESAL PENAL



Clik en la imagen para agrandar

VISITA A LOBOS. ENTREVISTA DR. TAVOSNANSKA

Si mal no recuerdo, en el año 2009 fuimos a la localidad de Lobos, Prov. de Bs As, con nuestros alumnos de la cátedra de criminología y seguridad de la UBA, y estuvimos haciendo "trabajo de campo", realizando encuestas a las personas que allí vivían. Buscaré los resultados y los subiré...

En Lobos, según nos indican, el delito es casi inexistente en razón de varias medidas que tomaron dando mayor participación ciudadana, entre otras.

Por ahora, dejo una entrevista al Dr. Tavosnanska y al Dr. Guarnerio, secretario de seguridad de Lobos.




Saludos


UN TIGRE DE PAPEL POR N. SPOLANSKY



Un tigre de papel por el Dr. Spolansky, del año 1999.
Fuente: La Nación

Es una experiencia compartida el que muchos ciudadanos no pueden ejercer el derecho de vivir y trabajar. Las casas son usurpadas, las mujeres son desposeídas de sus carteras por acróbatas asociados a motos rápidas como el rayo. Los pasajeros de un auto o un vecino inocente son asesinados sin motivo alguno y una adolescente es atada a un árbol para robarle su bicicleta. Este cuadro, por cierto poco alentador, se enriquece con los asaltos a bancos por parte de quienes usan una violencia de difícil contención. Por otra parte, inteligentes y hábiles especialistas en el arte del despliegue de las apariencias, defraudan a la Administración Pública con contratos en los que se paga más de lo que se debe. Esta clase de hechos no es siempre percibida por la opinión pública en forma directa, porque no hay sangre ni violencia.





Una manera de enfrentar el incremento de la criminalidad puede consistir en proponer el aumento de las escalas penales de los delitos que ahora se han puesto de moda. Esta idea tiene un doble inconveniente: en primer término, las escalas penales pueden aumentarse de modo infinito, pero la finitud de la vida humana pone una limitación práctica a una ilusión exagerada. En segundo término, el Código Penal tiene en la actualidad penas muy severas para los delitos que preocupan a los ciudadanos. Hasta veinticinco años de prisión para el homicidio, seis para el robo y seis para la defraudación. Además, el aumento de males jurídicos puede no resolver el incremento de la criminalidad y entonces se producirá lo que se ha dado en llamar "el desprestigio de la ley penal", que es como reconocer que la razón más dolorosa que la sociedad le puede imponer a un infractor ha fracasado, y después de la razón ya no hay otra razón, sino la ley de la selva.



La criminalidad, a veces agresiva y otras veces sutil, sobrepasa el tema de la cuestión desde el punto de vista policial, y requiere una visión más amplia que la que observa la ley penal, y reclama la consideración de los hechos y no sólo de normas. Los autores de los hechos delictivos se encuentran en un escenario en el que, por una parte hay, muchas veces, ausencia de ejemplaridad de la autoridad pública; por otra parte, se exhibe la crisis de la cultura del trabajo lícito como proyecto de vida. No se trata de cambiar normas, sino de cambiar hechos, y para esto es necesario que los gobernantes tengan en cuenta que son condiciones necesarias tanto la prevención policial como la aplicación efectiva de la ley penal. Sin embargo, estas condiciones necesarias no son suficientes.



Hay una perspectiva distinta para destacar, y tiene que ver con la existencia de un sector importante de personas que se encuentran marginadas de la sociedad. Los funcionarios públicos que administran el Estado tienen que ofrecer políticas inteligentes y activas, que incluyan la participación de las empresas privadas, que permitan que aquellos que hoy no tienen trabajo, educación y alimentos puedan obtenerlos en condiciones que produzcan a futuro más beneficios que desventajas si continúa la marginación. No se trata de organizar un plan de donaciones para crear un ejército de mendigos, pues esto no cambia la cuestión. Se trata de que los que están fuera del sistema social puedan ser reincorporados y ésta es una inversión productiva también para los que ven el tema desde el punto de vista puramente económico. En este sentido es útil recordar, como destaca R. K. Merton, que la notoria pobreza en medio de la abundancia de algunos no conduce de manera inevitable al delito, pero cuando la marginación y las desventajas que la acompañan para poder competir por los objetivos aprobados por todos los individuos de una sociedad se enlazan con la importancia del éxito económico (y de la satisfacción de necesidades básicas reconocidas) como meta predominante, el resultado es, generalmente, altas proporciones de conducta delictiva.



Se tienen, pues, que trazar acciones por parte del Gobierno y de los sectores privados para derogar la marginación y también la regla no escrita que dice "todo vale, aun para las acciones que están prohibidas". De esta manera evitaremos que el Código Penal se convierta en un mero tigre de papel, función que, en cierta medida, hoy cumple porque los hechos son más fuertes que las pretensiones legítimas de gozar de los beneficios de una sociedad de hombres libres.